Ensalzamiento y loa de los secretarios de organización

Nadie llega a nada en la política española si no lo quieren los secretarios de organización de los partidos


Ahora que ya han pasado las elecciones madrileñas, y antes de que caigan sobre nuestras cabezas cualesquiera otras (he oído que el alcalde de Villalpradillo del Bandajo está pensando en adelantar las de su concejo), me he animado a escribir unas líneas sobre política y lo que le cuelga.

Es un asunto que tengo en agenda desde hace tiempo, pero no sabía cómo encararlo, y han venido en mi ayuda tres expertos y un estudio. Los expertos son los profesores Iñaki Ortega, Juan Moscoso del Prado e Iván Soto, y el estudio, el que desde Deusto Business School y por encargo de APRI, acaban de hacer público bajo el título “La visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España”.

Si no se lo han leído todavía (puede que estén enzarzados con el libro del profesor Zamora Bonilla que les recomendé el otro día), háganlo cuanto antes, porque van a aprender muchas cosas sobre la realidad del lobby en España y sobre el modo en que nos relacionamos los profesionales de los asuntos públicos con nuestros representantes y gestores de los poderes legislativo y ejecutivo.

Ya saben: yo no se lo voy a resumir.

Pero hay un aspecto del estudio sobre el que me interesa detenerme: lo que el equipo investigador ha dado en llamar “Taxonomía de los representantes y cargos públicos”. Con una capacidad de síntesis y una claridad de ideas admirables, los profesores Ortega, Moscoso del Prado y Soto agrupan a nuestros legisladores y altos cargos del Gobierno en tres categorías: “los militantes”, es decir, aquellos que proceden de la cantera de los partidos y que han desarrollado en ellos toda su carrera, como (y los ejemplos son de los analistas) Francisco Álvarez Cascos o José Luis Ábalos; “los funcionarios”, aquellos que proceden de la Administración Pública, y en particular de los escalones más altos de ella, al modo de Soraya Sáenz de Santamaría o Margarita Robles; y “los profesionales”, que proceden de ámbitos diversos (la universidad o la empresa) y destinan unos años de su vida al ejercicio de la política, como pueden ser los casos de Iván Redondo o Josep Piqué.

La taxonomía es brillante porque, con todos los matices que se quiera, proporciona un buen modo de acercarse a la personalidad de aquellos (y, naturalmente aquellas) que toman decisiones importantes sobre nuestras vidas sin que la mayor parte de las veces nos enteremos de su intervención.

Lo que los autores del estudio no han abordado es una cuestión previa: cómo llegan estas personas -pertenezcan a la categoría que pertenezcan- a ocupar los puestos en los que han sido catalogados. Los autores no lo abordan -porque nadie se lo ha pedido, no porque ellos no sean capaces. Y yo no tengo posibilidades de lanzarme a estudiarlo, pero sí tengo el desparpajo de formular una conjetura: nadie llega a nada en la política española si no lo quieren los secretarios de organización de los partidos. Sean de la categoría que sean y valgan lo que valgan.

Hagamos un experimento.

Cojamos las listas de los diferentes partidos que han competido en las recientes elecciones madrileñas (si las han tirado a la basura en el contenedor correspondiente o si no estaban ustedes empadronados en Madrid, las pueden buscar en internet), y señálenme el grado de conocimiento que tienen ustedes y sus próximos sobre los candidatos, más allá de los cabezas de lista. O bien conocimiento personal y directo, o bien conocimiento inferido, derivados de sus actividades, de sus discursos o de sus publicaciones.

No hace falta que me contesten: me hago una idea. Por tanto, los 132 legisladores electos que durante los próximos dos años van a opinar y decidir sobre nuestras madrileñas vidas son personas, seguramente muy valiosas, no me cabe ninguna duda, que han sido puestas ahí por decisión directa de los líderes de los partidos y de lo que ampulosamente se llama “los aparatos”.

Elaborar una lista de legisladores es una tarea hercúlea de la que se exime, como es natural, al ciudadano

El máximo exponente del aparato de un partido es el secretario de organización, sobre cuyas espaldas recae el encargo, verdaderamente hercúleo, de depositar ante el líder o la lideresa la lista que ha de competir en las elecciones correspondientes.

Hercúleo he escrito, y hercúleo es la palabra. Para elaborar una lista hay que atender a una cantidad infinita de condicionantes en cada candidato: su fidelidad a la causa, naturalmente (sin duda la exigencia más determinante), su género, su representación territorial, los servicios prestados que haya que abonarle, los servicios que se le van a pedir que abone, la capacidad de presión de quienes lo recomiendan o impulsan, el grado de amistad o cercanía con los verdaderamente influyentes, una cierta competencia profesional en algún caso, por sobreentendida que sea… y algún nombre que le suene al gran público para poder abrir algún informativo hablando de fichajes al modo florentino (el de Valdebebas).

Tiene mucho mérito lo que hacen los secretarios de organización. No todo el mundo se queda contento, claro, y a veces se labran enemistades por las que a la larga terminan pagando, pero ellos hacen un trabajo inmenso y nos facilitan a todos la vida. A los líderes, que pueden volcarse en los asuntos serios sin tener que ocuparse de la tropa; a los profesionales del lobby, que podemos dedicar nuestra actividad a desentrañar el perfil perfectamente desconocido de nuestros legisladores, y a los ciudadanos de a pie, que pueden enarbolar su papeleta, sin ni siquiera leerla, y depositarla en una urna en un acto perfectamente sacramental de comunión con el Estado.

En realidad, ahorraríamos mucho gasto público si solo eligiéramos a los secretarios de organización y fueran ellos los que se sentaran a legislar, pero ya comprendo que la gran liturgia democrática perdería mucho empaque.

Publicado en LPO el 11/05/2021

Los que pasaban por allí

“Está en tu mano no cometer un delito, pero no lo está evitar que te condenen por ello”. Esta frase, pronunciada por uno de los abogados de Steven Avery, resume en su esencia la demoledora y actualísima enseñanza de Making a Murderer, la sobrecogedora serie documental de Netflix que narra en diez sólidos episodios la increíble y triste historia de un ciudadano anónimo en los muy poderosos y civilizados Estados Unidos de América.

El argumento ya ha sido contado mil veces y la Wikipedia lo resume bien: “Steven Avery (nacido el 9 de julio de 1962) es un hombre estadounidense del Condado de Manitowoc, Wisconsin, que pasó 18 años en prisión por una sentencia errónea por agresión sexual en 1985. Fue exonerado cuando la mejorada prueba de ADN demostró su inocencia y liberado de prisión el 11 de septiembre de 2003. En 2005, Avery fue arrestado por el asesinato de la fotógrafa de Wisconsin Teresa Halbach y condenado en 2007 y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional”. También el sobrino de Avery, Brendan Dassey, fue condenado como cooperador en el mismo delito.

Dos estudiantes de cine, Laura Ricciardi y Moira Demos, se acercaron al caso casi por casualidad y se enredaron en él hasta construir una pieza de narrativa judicial como seguramente no se había hecho hasta ahora. Fabricando un asesino (el título, escrito en español, golpea con más fuerza) quedará para siempre como un referente obligado en el conocido género de la indagación periodística sobre el mundo de la justicia.

Hay que decir que las dos jóvenes directoras hacen muy bien su trabajo pero cuentan a su favor con una ventaja de partida: en el estado de Wisconsin hay muy pocas cortapisas para la libertad de prensa, hasta el punto de que los medios tienen acceso a las conversaciones telefónicas del preso con sus abogados y familiares, a las pesquisas policiales y a las conversaciones de los investigadores. Durante los casi dos años que transcurren entre la segunda detención de Avery y su definitiva condena, todos los participantes en el caso (fiscales, investigadores, abogados defensores, especialistas forenses y, por supuesto, familiares y amigos tanto del acusado como de la víctima) no tienen reparo ni pudor en ofrecer ruedas de prensa o declaraciones a cámara con una soltura a la que al menos por estos pagos no estamos acostumbrados. De tal manera que si alguna pega se le puede poner a esta serie es la del exceso: acaso con la mitad de los episodios hubiera podido contarse lo mismo.

La tesis de la serie está resumida en la frase con la que arranco este artículo. Avery mantuvo desde el primer momento, y sigue manteniendo desde la cárcel, que él es inocente del crimen por el que se le ha condenado, como lo fue del anterior, que lo tuvo 18 años injustamente encerrado. Las directoras del documental no son neutrales a este respecto: se ponen del lado del acusado y apoyan la tesis de sus abogados de que las débiles pruebas en su contra fueron deliberadamente construidas por la policía. El mismo abogado de la citada frase pronuncia otra igual de clarificadora: “No creo que la policía quisiera incriminar a un inocente: estaba convencida de que era culpable y puso los medios para que lo pareciera”.

Moraleja

Hablaba hace unos días con algunos amigos sobre esta fascinante experiencia televisiva y había quien decía que era poco creíble, que acaso las directoras habían manipulado el material más allá de lo razonable hasta distorsionarlo. En concreto, los fiscales y los investigadores policiales, alguno de los peritos y, en general, lo que cabría calificar como el bloque de los “contrarios a Avery” transmiten una imagen de trapaceros y chapuzas que contrasta con el hecho de que fueran capaces de convencer a los doce miembros del jurado a partir de pruebas extremadamente débiles.

Yo no comparto esas prevenciones. Tengo la sensación de que Ricciardi y Demos han narrado lo que han visto, un terrible chapuza judicial, y lo han hecho desde el rigor y desde el asombro que logran transmitir al telespectador.

¿Por qué lo creo? Porque disparates así se han visto ya unos cuantos y se verán todavía muchos. Me permito recordar aquí –por citar solo algunos, y de suelo patrio- el caso Raval de 1997, “la mayor red de pederastia descubierta en Europa” al decir de la policía, que arrambló con la fama y el sosiego de un puñado de padres, educadores y dirigentes políticos y vecinales, absueltos finalmente por los jueces tras haber sido condenados sin remedio por la sociedad y los medios de comunicación. Hubo, ciertamente, dos pederastas condenados, pero el daño que se causó a los inocentes no tuvo justificación alguna.

Más escandaloso aún fue el caso Ahmed Tommouhi y Adderrazak Mounib, acusados y encarcelados por unos delitos que no cometieron. El segundo murió en la cárcel, en tanto que el primero cumplió íntegra su condena desde 1991 hasta 2006. Pese a las evidencias en contrario –incluidos los marcadores genéticos y las pruebas de ADN- los magistrados –uno de los cuales era la siempre progresista y hoy entregada diputada socialista Margarita Robles- condenaron a los dos marroquíes con la ayuda de un colectivo de policías, abogados y expertos a cual más incapaz.

La historia de Avery encontró en Laura Ricciardi y Moira Demos a las dos narradoras que la verdad necesitaba. El caso Raval tuvo en Arcadi Espada al autor de la investigación y el libro que puso en evidencia aquel disparate. Y Braulio García Jaén se dejó las pestañas y algunos años de su vida y su carrera en construir en Justicia Poética la evidencia del disparate urdido contra Tommouhi y Mounib.

Solo por citar algunos casos. Dicho sea en unos tiempos en que los cuerpos policiales españoles se han soltado la mano con una gran desenvoltura para incriminar de los más diversos delitos a muchísima gente. Unos, probablemente, culpables, pero muchos, me temo, que pasaban por allí.

Tendremos ocasión de irlo viendo.